Un grupo de detenidos radicó una gravísima denuncia penal ante la justicia que expone una presunta red de corrupción y cogobierno carcelario. Acusan a la banda interna conocida como “La Comitiva” de vaciar el gimnasio del Pabellón 1 para entregar el equipamiento completo a los jefes penitenciarios a cambio de protección para vender drogas y extorsionar intramuros.
La denuncia de los internos: «Comprar impunidad»
La presentación judicial, tramitada inicialmente ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de Florencio Varela, califica los hechos como de «extrema gravedad». Según el escrito al que accedió la prensa, los denunciantes detallaron cómo los elementos deportivos —adquiridos con el esfuerzo de los propios internos del pabellón— fueron sustraídos de forma articulada.
La hipótesis de los reclusos apunta a que el equipamiento completo (que incluye barras olímpicas, discos de diversos pesos, máquinas de musculación, bolsas de boxeo y bicicletas fijas) fue entregado directamente a personal jerárquico como una «moneda de cambio». El beneficio pactado consistiría en el libre visado para el ingreso y comercialización de estupefacientes.
Extorsiones, peajes y el rol de «La Comitiva»
El entramado delictivo señalado por los presos describe un esquema de terror y asfixia económica dentro del penal:
- Peajes internos: Los reclusos denuncian que se les exige abonar dinero o entregar la mitad de las mercaderías que les llevan sus familias para poder acceder al sector de visitas o mantener encuentros íntimos.
- Control tecnológico: Investigaciones previas ya habían detectado cobros ilegales de entre $30.000 y $40.000 mensuales por el uso de internet mediante antenas Starlink.
- Reducción a la servidumbre: Aquellos internos que deciden no acatar las órdenes del grupo civil o cuestionan los cobros sufren golpizas, traslados forzados o aislamiento selectivo.
Funcionarios en la mira y sospechas de filtración
La denuncia penal involucra con nombre y apellido tanto a los líderes de «La Comitiva» —un grupo integrado en gran parte por exmiembros de fuerzas de seguridad detenidos— como a las máximas autoridades del penal de Varela. Entre los señalados penalmente por presunta connivencia se encuentran el director de la unidad, José Othasegui, junto a otros altos mandos penitenciarios.
Además, los internos manifestaron una profunda desconfianza hacia los controles y la propia fiscalía local. Afirmaron que durante los últimos allanamientos ordenados en el penal, los líderes de la banda fueron alertados unas seis horas antes de la llegada de la DDI de la Policía Bonaerense, lo que les permitió ocultar pruebas. Debido a esto, solicitaron formalmente que la causa sea derivada urgentemente a las fiscalías de la jurisdicción de Quilmes para garantizar la transparencia del proceso.
